CACIQUISMO EN EL MEXICO DEL SIGLO VEINTE
PRESENTACION
El texto que damos a conocer a
continuación consiste en una investigación cuyas premisas y
conclusiones coinciden con la tesis central, que, como SUNTUAP, hemos
mantenido para explicar lo ocurrido en la UAP durante el último
período. (1990-2008).
Mediante un
considerable acopio de datos su autor Wil Pansters, coautor con Alan
Knight del libro Caciquismo
in Twentieth-Century Mexico
publicado por la Universidad de Cambridge en 2006, confirma cómo a
partir de la llegada de José Doger a la rectoría en octubre de
1990, se produjo un giro radical en la orientación política,
administrativa, laboral y académica de la UAP, que condujo al
abandono del proceso de Reforma Universitaria y a su sustitución por
el modelo neoliberal que hasta el momento sigue imponiéndose.
Como podrá constatar el lector, este
giro se tradujo en el desmantelamiento de las estructuras de
participación, deliberación y toma de decisiones que en el período
inmediatamente anterior se habían configurado y que permitían un
juego democrático al menos parcial de los distintos actores de la
vida universitaria. En su lugar, José Doger y sus aliados
propiciaron formas de conducción crecientemente centralizadas y
burocráticas que pronto derivaron en el cacicazgo del que habla el
autor.
Uno de los objetivos que fue blanco de
los ataques de la política dogerista, lo representó el SUNTUAP,
pues a principios de los noventas constituía una instancia que
dificultaba seriamente los intentos de José Doger por aplicar las
recetas neoliberales.
El texto de Pansters reconstruye de
manera puntual la estrategia seguida para golpear y borrar del
escenario universitario a nuestro sindicato, así como las múltiples
maniobras que en el terreno legal se idearon con ese propósito,
destacándose además la intervención de diversas instancias
gubernamentales como la JLCA, sin cuya participación activa la
política dogerista hubiera fracasado.
En fin, la
revisión minuciosa que Pansters hace de este capítulo de nuestra
historia -que ameritó la traducción del mismo que hizo el SUNTUAP-,
nos arroja como conclusión inequívoca la justeza y legitimidad que
envuelven a la lucha del SUNTUAP, el cual, aunque ciertamente
debilitado, ha sabido mantener con gran dignidad y entereza las
banderas que le dieron origen.
Comité Ejecutivo del
SUNTUAP
Marzo de 2008
CACIQUISMO EN EL MEXICO DEL SIGLO VEINTE
POR ALAN KNIGHT Y WIL PANSTERS
EDITADO EN LA UNIVERSIDAD
DE CAMBRIDGE
LONDRES, INGLATERRA, EN 2006
TRADUCCION POR EL SUNTUAP
EN MARZO DE 2008
CONSTRUYENDO UN CACICAZGO EN UNA UNIVERSIDAD NEOLIBERAL
POR WIL PANSTERS
CACICAZGO Y EDUCACION SUPERIOR
¿Quién viene a la mente cuando se piensa en
caciques mexicanos del siglo pasado? Alguien pensará inmediatamente
en líderes como el ‘señor agrario de la guerra’ Saturnino
Cedillo de los 1920 y los 1930, o quizá en el menos conocido
Juvencio Nochebuena, quien gobernó la Huasteca hidalguense hasta los
1950. Otros quizá pensarán en líderes urbanos o cacicazgos
corporativos como los de Carlos Jongitud Barrios en el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación durante los 1970 y 1980, o
aquel de la célebre Guadalupe Buendía, alias La
Loba de Chimalhuacán, una pobre y
marginal población de los suburbios de la Ciudad de México.
Es mucho menos probable que una institución de educación superior
sea mencionada como el lugar de un cacicazgo
académico. Esto es poco sorprendente, puesto que la mayoría de
especialistas del caciquismo,
pertenecen ellos mismos a universidades e institutos de investigación
y, de este modo, serían capaces de identificarlo inmediatamente en
su propio ambiente. La mayoría de estos especialistas, en
circunstancias informales, reconocería rápidamente a la
politiquería, al sectarismo y al caciquismo
en sus propias instituciones, pero la discusión de estos fenómenos
solo ocasionalmente ha encontrado un espacio en panfletos y columnas
periodísticas en México y otros lugares.
Académicos serios apenas si creen que exista. ¿Por qué se ha
reducido el retrato del caciquismo universitario principalmente al
terreno del chismorreo, a discusiones de cantina y a folletos
políticos, y no ha llegado a ser objeto de un serio discurso
académico? Puede ser que sea difícil imaginar a un cacique con
grado de maestría en economía?
O es que la naturaleza de la institución universitaria en sí misma
y la sofisticación cultural de sus miembros se suponen antitéticas
a los significados y palabras asociadas con el
caciquismo? Podría ser que el concepto
de caciquismo conlleva significados étnicos y de clase ocultos que
previene al mundo de la clase media urbana de las universidades
mexicanas de caer en su dominio? ¿Es la ausencia de trabajos
académicos acerca del caciquismo
en las universidades consecuencia de hábitos académicos,
particularmente fuertes entre antropólogos para buscar e investigar
objetos fuera del alcance de sus propios mundos cultural y social?
¿O podría ser el resultado de los riesgos inherentes en conducir la
investigación acerca del caciquismo
contemporáneo, particularmente si se enfoca en un el propio ambiente
institucional de un erudito?
Los peligros asociados a una crítica de los actores dominantes
dentro de una universidad, aún en la forma de un producto erudito,
no deben ser subestimados. Es probablemente el efecto combinado de
barreras conceptuales y políticas y el peso de costumbres lo que
explica la carencia de trabajos académicos serios acerca del
caciquismo
en el sistema de educación superior mexicano.
Un lector desconfiado
podría, no obstante, pensar que la inexistencia de tales trabajos
demuestra que el fenómeno no existe. Naturalmente yo discrepo de
este punto de vista, y para reforzar mi argumentación, pondré a
prueba las características sistémicas del caciquismo,
como puede inferirse de la investigación existente, en el caso de la
educación superior. Mi punto de partida es que no existe razón a
priori para excluir el sistema
institucional de educación superior del de los sindicatos urbanos y
las burocracias. Las instituciones que acompañaron la modernización,
la centralización y la burocratización del poder y el aparato del
estado en el México postrevolucionario, siempre han involucrado
prácticas personales y clientelares. Esta expansión en México del
sistema de educación superior proporciona, de este modo, un terreno
fascinante para explorar los factores y mecanismos que subyacen tras
la durabilidad y adaptabilidad del caciquismo
y su capacidad para invadir nuevos territorios. Un ejemplo
espectacular de un cacicazgo del próspero período
de la pax priísta, es el de Carlos
Ramírez Ladewig, el hombre fuerte de la Federación de Estudiantes
de Guadalajara (FEG) a principios de 1950.
Ramírez Ladewig descendiente de una familia política revolucionaria
obtuvo el control de la FEG a principio de 1950, siendo capaz de
capitalizar las nuevas relaciones entre la rápida expansión de las
instituciones de educación superior y el estado postrevolucionario.
El estado invirtió recursos en el sistema y, como recompensa, obtuvo
dividendos políticos. Ramírez Ladewig tomó total ventaja de las
relaciones políticas externas para afianzar su posición interna,
que le ayudó después a incrementar su influencia en la política
regional. Aunque no era oficialmente dirigente de la FEG después de
1953, operó como el hombre fuerte indiscutido tras bambalinas por
décadas. Como tal, llegó a ser un intermediario clave. ‘Un agente
del estado en la Universidad y un agente de la universidad en el
estado’, una posición que le proveyó de considerable autonomía.
Su control sobre estudiantes y profesores y su influencia política
fuera de la Universidad lo colocó en una posición para negociar la
rectoría con el gobernador. Eventualmente se hizo tan poderoso que
aspiró a ser gobernador él mismo. Aún cuando la capacidad para
mediación era la principal ventaja política de Carlos Ladewig, no
rehuía el uso de la violencia física contra sus opositores. Su
poder empezó a erosionarse debido a las tensiones políticas e
ideológicas generadas por el movimiento estudiantil de 1968, pero su
cacicazgo
tuvo un final definitivo cuando fue asesinado en 1975 tras la secuela
de violentas disputas entre facciones.
En años recientes se ha visto la emergencia de un
número de nuevos y fuertes liderazgos en las universidades, que han
podido asentar su poder durante considerables períodos de tiempo,
frecuentemente debido a lealtades familiares y de camarilla.
Es mi opinión que está relacionado a la reestructuración de las
relaciones entre el estado y la sociedad y, más específicamente, al
profundo proceso de crisis, reforma y transformación que arrastró
el sistema mexicano de educación superior de principios de los 1990
y que acabó con el sistema que engendró cacicazgos
como el de Carlos Ladewig. El primer objetivo de este capítulo es
bosquejar un análisis de estas trasformaciones y las condiciones que
hicieron posible el surgimiento de un nuevo tipo de cacicazgo
universitario.
La polémica sobre el caciquismo
en la educación superior será complementada por el debate más
amplio acerca de la dinámica histórica del caciquismo. El punto de
vista dominante ha sido que el caciquismo
desaparecería como resultado de ciertas transformaciones culturales
y políticas. Se ha argumentado que las reformas llevadas a cabo por
Cárdenas en 1930, que establecieron los fundamentos del sistema
político institucionalizado, corporativo y centralizado de México,
eventualmente suprimirían los cacicazgos
regionales y otros.
Más aún, algunos han acreditado la emergencia e influencia del PRI
a la derrota del caciquismo
y la facilitación del proceso político de institucionalización.
Sin embargo, estudios más recientes han argumentado que los
partidos, los sindicatos y las organizaciones burocráticas,
constituyen plataformas para la emergencia de un caciquismo
restaurado y apuntalado institucionalmente, como lo establecieron las
relaciones de clientelismo y prácticas personales. Los cacicazgos
(regionales y locales) que se desarrollaron durante el período de
desarrollo estabilizador y que se desarrollaron en el corazón de las
estructuras corporativas de México que fueron construidas por la
fusión de principios institucionales y personales de organización
social, y de este modo, atestiguaron la capacidad adaptiva de la
lógica política del caciquismo.
El argumento acerca de la posible desaparición
del caciquismo ha resurgido en años recientes. Desde los 1980,
México se ha embarcado en una ruta de desarrollo radicalmente
diferente. Las reformas neoliberales del estado y la economía, en
combinación con fuertes presiones sociales de democracia, han dado
nuevos ímpetus al punto de vista que las transformaciones actuales
socavarán las prácticas y cultura del caciquismo.
El adelgazamiento del estado y la desregulación del mercado se ve
por algunos como la creación de ambientes menos propicios para la
reproducción del caciquismo. Más aún, la ruptura del gobierno de
un partido único en el nivel federal en 2000, de acuerdo con Lorenzo
Meyer, ha hecho a un lado las bases fundamentales de apoyo político
para el caciquismo. Es entonces que el advenimiento del pluralismo
democrático, se concibe para ocasionar el inicio del fin del
caciquismo.
Meyer ha expresado la opinión (y el deseo) de que la sociedad civil
tomará el papel de mediación del caciquismo
entre la comunidad o grupo y las autoridades formales.
Sin embargo, es tan cuestionable contraponer sociedad civil y
caciquismo,
como era erróneo contraponer el desarrollo de las instituciones del
estado post-cardenista y el caciquismo.
Más aún, se puede esperar que un amplio espectro de instituciones
de la sociedad civil sea colonizado por caciques y prácticas
clientelares. La precaución, está de este modo garantizada, contra
la visión de que su ‘decadencia definitiva es inminente’.
Otros tienen la visión radicalmente opuesta de
que el caciquismo pronto sucumbirá a la modernidad democrática
mexicana. En un provocador artículo, escrito hace 30 años, Brisk
notó la emergencia del ‘caciquismo con nuevo ropaje’. El se
refirió a las actividades de poderosos grupos de presión en América
Latina, tales como grupos de negocios organizados que dividen la
habilidad del estado para hacer política: ‘el caciquismo de hoy es
mayormente el producto… asociaciones organizadas concientemente que
se hallan fuera de la estructura formal del gobierno y que, no
obstante, incluyen la ejecución de funciones políticas entre sus
objetivos establecidos’
Estos caciques institucionales, como los llama Brisk, desplegarán
muchos de los rasgos esenciales de formas más tradicionales de
caciquismo.
A través de líneas comparables, pero para la era neoliberal,
Gledhill ha desarrollado sus ideas acerca del poder, riqueza e
influencia en el ‘estado sombra’.
Aunque Brisk enlista una colección de rasgos de este ‘grupo de
presión caciquismo’ –la intermediación- no está incluida.
Luego, y a pesar de la cantidad de poder informal que poseen estos
grupos de presión, dudo si es teóricamente acertado emplear el
concepto de caciquismo
en este contexto.
El tema de la transformación del caciquismo y su
acomodo a circunstancias cambiantes, ha sido examinado más
profundamente por Leyva, quien propuso capturar las formas cambiantes
de cacicazgos recientes en el contexto de
la modernización socioeconómica y el conflicto político,
introduciendo el término
neocaciquismo.
Ella estudió el caso de José Álvarez Cisneros de Puruándiro,
Michoacán, quien administró para construir un cacicazgo regional en
los 1970 en el contexto de la agro industrialización, las políticas
agrarias de Echeverría y la caída de más tradicionales grupos
locales de poder. La agro industrialización generó polarización
social y dejó un creciente número de campesinos en una posición
marginalizada y desorganizada. Echeverría impulsó el papel del
estado en la economía rural e hizo nuevos recursos asequibles,
especialmente al sector ejido. Álvarez Cisneros administró para
monopolizar las conexiones entre las demandas de abajo y los recursos
que provenían de arriba y se colocó a sí mismo como el centro de
una red de lealtades personales que también le permitieron
incrementar su fortuna personal y ejercer influencia en las
organizaciones campesinas, el PRI, el gobierno local y la economía.
El cacique no se opuso a las fuerzas del cambio –como muchos
caciques tradicionales se ha sabido que lo hacen- sino más bien,
llegó a ser un agente de modernización agraria. Estos neocaciques
son caciques empresariales (ver también Lewis en este volumen).
Leyva insiste en que la diferencia entre caciquismo
y neocaciquismo
no es de contenido estructural –personalismo, informalidad e
intermediación son aún cruciales- sino de una forma, que es
ejemplificada por una lógica empresarial, una mezcla distintiva de
poder personal e institucional y entre violencia y consentimiento.
Pese al hecho de que el concepto de neocaciquismo
ha sido fuertemente cuestionado, parece una útil distinción que
puede explicar las modificaciones cualitativas del contexto y
naturaleza del caciquismo contemporáneo.
Con la crisis del modelo de estado de desarrollo
centralizado, asociado con el régimen de Echeverría y la revolución
neoliberal, las circunstancias se han
alterado nuevamente. Deseo en este capítulo, y este es mi segundo
objetivo principal, examinar la construcción de un liderazgo en una
universidad contra los antecedentes de reforma neoliberal. Trataré
de encontrar cuáles condiciones y mecanismos pueden ocasionar la
formación de cacicazgos y me detendré en las formas que estos
adquieren. Al hacerlo de esta manera, pondré a flote el asunto de
las transformaciones de los fenómenos tanto del caciquismo
mismo como de las condiciones (estructurales) que lo hacen posible.
Me aproximaré a estas interrogantes no para investigar la totalidad
del sistema de educación superior, sino para estudiar un caso
particular, el de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
LEGITIMIDAD Y LAS FASES DEL CACICAZGO
Hace algunos años Joe
Foweraker sugirió que durante 1930 los caciques gozaron de apoyo
popular, pero que este se había erosionado en décadas recientes. El
relacionó su desarrollo entre otras cosas, con las iniciativas
estratégicas de los movimientos populares y su búsqueda de alianzas
políticas construidas alrededor de las redes de liderazgo y
solidaridad. Para hacerlo, ellos reprodujeron automática y
crecientemente los ineficaces mecanismos de control político de
clientelismo y caciquismo.
Hay evidencia, sin embargo, que la pérdida de apoyo popular del
caciquismo
debe, no sólo, o quizás aún, no principalmente, estar relacionado
con un amplio desarrollo histórico, sino con los ciclos de cada
cacicazgo mismo. Friedrich observó esto cuando escribió que el
sectarismo en Naranja era alimentado por un creciente resentimiento
de parte de muchos pobladores y otros líderes contra lo que se
percibía como un ‘cacicazgo interminable’.
El cacicazgo
agrario de Pablo Reyes en el pueblo de Díaz Ordaz, Oaxaca,
fructificó en 1920, pero alcanzó una fuerza creciente en 1930,
dando lugar al ‘sectarismo interrumpido’. Estas disputas entre
facciones hicieron erupción en 1935 con un encuentro extremadamente
violento, en el que varios líderes de cada grupo fueron asesinados.
Después de esto, el cacique mismo se retiró al exilio.
Knight ha sugerido que, dado el carácter personal del caciquismo,
su período de vida es limitado, excepto en el caso de lo que él ha
llamado un ‘caciquismo colectivo’.
Un grupo de poder puede construir un sistema estable de lealtades y
patronaje de auto reproducción (en este volumen). Tal grupo de poder
caciquil es, no obstante, a menudo el resultado de los esfuerzos
políticos y orgánicos de un original hombre fuerte, quien,
conciente o inconcientemente, pone al mismo tiempo los mecanismos que
evitan los riesgos de sucesión política. Este fue el caso del
cacicazgo Ávila Camachista
que fue fundado por Maximino Ávila Camacho al final de 1930. Si no
hubiera sido por su muerte prematura, probablemente habría podido
comandar el grupo (indirectamente y a distancia) por un largo
período, después que terminó su período como gobernador. Cuando
se produjo, sin embargo, el cacicazgo
(colectivo) sobrevivió al fundador por más de dos décadas. Por
1960, el cacicazgo
se había desacreditado más aún y enfrentaba una variedad de
fuerzas opositoras. El eventual éxito de estas fuerzas estaba
ciertamente vinculado a cambios en la política del cacicazgo
y el ambiente socioeconómico, tales como la estructura del estado
mexicano y la economía (regional), pero también, estaban
relacionadas a la ‘dinámica interna’ de los grupos caciquiles de
poder. Aunque las dinámicas interna y externa no pueden separarse
claramente, es necesario puntualizar que el apoyo (popular) de los
caciques no debe ser confinado al auge del populismo (agrario). En su
lugar, yo argumentaría que el apoyo consensual está relacionado a
fases particulares en la historia, dependiendo del período histórico
en el que ocurren. Con el riesgo de hacer una afirmación demasiado
general, deseo identificar tres fases típicamente ideales en la
historia de cada cacicazgo:
La primera fase tiene que ver con
la construcción del liderazgo y la transformación del liderazgo en
cacicazgo.
Este proceso requiere el control decisivo de tipo político,
económico y social de un área geográfica particular o comunidad,
la capacidad para usar o amenazar con la violencia y el
reconocimiento y legitimación del cacique como el único líder
dentro de su dominio, al margen de líderes políticos de niveles
superiores.
Entendiendo este proceso de transformación –sea en un ejido,
sindicato, organización burocrática o movimiento social- demanda
una cuidadosa atención y precisa explicación.
La segunda fase se relaciona con la
estabilización, reproducción y profundidad del cacicazgo
(‘centralización’ en términos de Friederich).
El surgimiento de
fuerzas opositoras, la intensificación de disputas facciosas e
inestabilidad y. eventualmente, la ruptura del cacicazgo
caracterizan la tercera fase.
Esta perspectiva
desplaza la atención de un enfoque puramente taxonómico al
caciquismo –estableciendo sus características elementales- hacia
un cuestionamiento procesal acerca de la construcción
de un cacicazgo, si el epicentro está
en la primera fase.
Durante la primera y (parte de la) segunda fase,
la mayoría de caciques gozan de una forma de apoyo popular.
¿Pero porqué es esto? Esta pregunta me lleva al tema fundamental de
la emergencia o construcción de cacicazgos. Muchos cacicazgos
tienden a desarrollarse a partir de serias crisis o situaciones que
se caracterizan por la ruptura o transformación de un orden
político, socio-económico y cultural existente (que en su momento
puede haber sido causado por numerosos eventos y/o desarrollos).
En una cultura política personal, esto es, una cultura en la que las
relaciones personales también colonizan el orden institucional,
estas coyunturas críticas proveen de un ambiente fértil a líderes
ambiciosos. Sus aspiraciones frecuentemente se ajustan con los
atractivos fabricados en ellos por diferentes actores sociales e
intereses para reestablecer un punto de articulación –aglutinar
es un término del español que se usa frecuentemente en este
contexto- o de otro modo, desplazando y desintegrando el panorama
político que crea inseguridades políticas, sociales y económicas.
Obviamente no se puede descartar que potenciales líderes promuevan
deliberadamente estas inseguridades. La emergencia del cacicazgo de
Gonzalo N. Santos a principio de 1940, solo unos pocos años después
del colapso del cacicazgo de Cedillo, en el estado de San Luis
Potosí, fue escenario de una intensa inestabilidad política y
social marcada por facciones rivales, huelgas, muertes, elecciones
repetidas y cosas parecidas. Muchos sospechaban que la mano de Santos
estaba detrás de todo esto. La situación persistió hasta que
Santos ocupó la gubernatura en 1943, estableciendo un nuevo juego
político, con un nuevo equipo político y un capitán indiscutido.
Durante un período de varios años los nuevos
líderes gozan de apoyo debido al papel que jugaron al poner fin a la
inestabilidad e inseguridad, estableciendo nuevos liderazgos y
alianzas políticas, y/o construyendo un nuevo orden político y
social. De este caudal de apoyo (de abajo y de arriba), algunos
líderes empiezan a manufacturar la construcción de bloques de un
(nuevo) liderazgo. Las complejidades de este proceso son ignoradas a
menudo; en la literatura existente los caciques aparecen algunas
veces como maná que cae del cielo.
Un importante rasgo atribuido generalmente a los caciques es su
‘control total’ o casi total en lo político, económico y social
de una determinada área geográfica’, de aquí la muy citada
relevancia de la dimensión territorial del fenómeno.
Pedro Caso ejerció influencia en Naranja en casi todo aspecto: ocupó
varias funciones administrativas, tales como la de tesorero y
representante local del Banco Ejidal, también estuvo involucrado en
aparceramientos ilegales, préstamos usurarios y actuó como un juez
informal en asuntos criminales y familiares, tal como el cacique del
petróleo en una versión literaria de Aguilar Camín.
Desde al principio, supuestos caciques operan primariamente desde un
dominio social particular, sea en la administración pública
(presidente municipal, diputado local o federal, comisariado ejidal,
rector, maestro de escuela), negocios (rancho ganadero, comercio,
minería), grupos de interés (obreros, agraristas, estudiantes,
pepenadotes). Mi opinión es que la transformación de un liderazgo
en un cacicazgo fuerte, depende de las oportunidades y capacidades
del aspirante a cacique para extender la esfera de influencia y
control de su dominio original hacia otros. Esto genera un efecto
‘rueda de manejar’ que se expresa en una expansión y entremezcla
de intereses, relaciones y redes (en administración, política,
negocios y judiciales) centradas en el cacique. La articulación de
diferentes identidades y dominios constituye la esencia de un
cacicazgo, en parte porque le permite la capacidad de
intermediación.
Aquí analizaré esta primera fase de construcción del cacicazgo en
el caso de una universidad moderna. Más específicamente, me
concentraré en las estrategias del cacique emergente para obtener el
control absoluto sobre la universidad.
En el resto de este capítulo, me concentraré en
el caso de la Universidad de Puebla (oficialmente Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, BUAP). Como una de las más grandes
universidades en México, la BUAP compite con la mayoría de
municipalidades de Puebla en términos de personal y número de
estudiantes, presupuesto y peso político. En 1994, por ejemplo, la
universidad afirmó tener casi 66,000 estudiantes, de los cuales
48,000 estudiaban carreras profesionales (licenciaturas), mientras
que arriba de 16,000 estudiantes estaban inscritos en escuelas
preparatorias y educación subprofesional (como música). Sólo 1,200
estudiantes realizaban estudios de postgrado, la mayoría en cursos
de maestría. Aquel año la institución ofreció 33 carreras
profesionales, 22 programas de maestría y 8 programas doctorales.
Una proporción aplastante de los estudiantes estaba en Leyes y
Administración Pública, que ascendió casi a un tercio de la
población estudiantil total. Ingeniería Civil y Química son
también muy populares, como lo son las carreras de Ciencias de la
Computación y Farmacobiología. En términos de investigación, la
universidad es especialmente conocida por sus Institutos de
investigación en Física y Matemáticas, Fisiología y Ciencias
Sociales. En 1994 la universidad empleó 3780 profesores (muchos de
ellos no eran de tiempo completo), y 2774 trabajadores no académicos.
En el mismo año, el presupuesto totalizó 100 millones de dólares,
de los cuales 70 millones provenían del gobierno federal, 18
millones del gobierno del estado y 22 millones eran generados por la
misma institución (de derechos de inscripción y la venta de
servicios y productos). Después de las universidades de Guadalajara,
Monterrey y Sinaloa, la universidad pública de Puebla recibió la
mayor cantidad de subsidio federal de todas las universidades de
provincia en México.
Es así como la BUAP es una institución con destacada presencia,
tanto a nivel regional como nacional.
Pondré especial atención en las estrategias
usadas por un nuevo y ambicioso líder al
confeccionar las componentes de lo que derivó en un muy alardeado
cacicazgo
colectivo universitario. A fines de 1990 José Doger Corte fue electo
como rector de la BUAP.
Este fue el punto de partida, aunque vacilante, de una creciente
dominación de José Doger y su grupo dentro de la institución,
llevándolo a su reelección en 1993. A fines de 1997 su primo, el
vicerrector de investigación y estudios de postgrado, Enrique Doger
Guerrero, fue electo rector. En 2001 este fue reelecto. Ahora José
Doger ostenta una posición superior en el gobierno del estado y
Enrique Doger renunció como rector en 2004 para competir como
presidente municipal de la ciudad de Puebla por el PRI. El rector de
la BUAP es enteramente un “producto” del clan dogerista.
Empezaré mi análisis
con un breve repaso de los mayores desarrollos en la BUAP en los
años previos a 1990. Después me detendré brevemente en los logros
y políticas más importantes desarrolladas por Doger durante su
último año de gestión. En la siguiente sección me concentraré en
una componente crucial en la constitución del cacicazgo
dogerista, a saber, la destrucción del
sindicato universitario. Con esto, los dogeristas
eliminaron al rival más poderoso dentro de la universidad. En la
sección final del capítulo, establezco mis recomendaciones en
perspectiva, considerando otras características del cacicazgo.
EL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA DE PODER
A principios de los 1990’s,
poco después de una de las más serias crisis financieras de su
historia moderna, la Universidad Pública de Puebla inició un
impresionante proyecto de modernización. La BUAP había sido un
baluarte del ala política de izquierda desde principios de los 1970,
cuando los grupos políticos de la Universidad chocaron violentamente
con una alianza del estado, la iglesia y la iniciativa privada.
Cuando el enemigo externo gradualmente empezó a desaparecer, la
universidad se aisló más y miró hacia adentro. Durante un largo
período, la Universidad de Puebla era un modelo de hegemonía de la
izquierda en la que el sindicato jugó un importante papel, de
relaciones con grupos populares y movimientos de la región, de
democracia directa, pero también de prolongada disputa política,
estructuras orgánicas jerárquicas y practicas clientelares.
Durante el auge de dominación de la izquierda,
las universidades mexicanas transitaron hacia un proceso de
masificación y Puebla no fue la excepción. El aumento del número
de estudiantes era un objetivo político de la mayoría de
autoridades universitarias. En la BUAP esta política “de puertas
abiertas” y el reclutamiento activo de estudiantes de grupos de
ingresos medios y bajos estableciendo escuelas preparatorias, estaba
sustentada por la noción de la izquierda de “Universidad
Democrática, Crítica y Popular”.
Esta política era reforzada por la estrategia de fondos
gubernamentales que determinaba la cantidad de subsidio sobre la base
del número de estudiantes. Más aún, el contexto político que
oponía a la
universidad contra fuerzas externas, agregaba un incentivo adicional
para reclutar estudiantes, el gran número de estudiantes reforzaba
la capacidad de negociación de la universidad con las autoridades de
los niveles estatal y federal. En 1982 el número de estudiantes
ascendía a 60 mil, pero en 1990 el número se había incrementado a
90 mil.
Al despertar de esta gran expansión, podía
observarse un vacilante proceso de profesionalización académica. En
1970 los profesores de la universidad tradicional que combinaban la
docencia con una práctica médica o legal, fueron rápidamente
reemplazados por académicos de tiempo completo, muchos de los cuales
eran bastante jóvenes y no tenían una sólida formación
científica. La diversificación de disciplinas y la fundación de
institutos de investigación también promovían la emergencia de los
profesores e investigadores universitarios de tiempo completo. La
creciente magnitud y complejidad de la institución condujo a la
fundación de nuevos cuerpos administrativos, pero la
profesionalización de la administración institucional impidió
mantener el paso. La universidad fue testigo de un proceso de
burocratización con la contratación de un número siempre en
aumento de no académicos que era personal administrativo
sindicalizado. Estos desarrollos colocaron bajo presión constante el
marco legal introducido en 1963 que oficialmente reglamentaba a la
Universidad. El desorden administrativo causado, se escaló más aún
cuando los intereses del Partido Comunista respaldaron exitosamente
un sistema mediante el cual los ejecutivos en todos sus niveles
administrativos debían ser electos mediante voto universal del
personal académico, del personal no académico y de los estudiantes.
Debido a que las elecciones de rector y
directores tenían lugar en distintos momentos, la universidad
padecía de un alto nivel de politización, que la condujo a lo que
de Vries y Moreno llamaron ’la balcanización de la estructura de
poder’.
Cuando explotaron las disputas entre facciones dentro del Partido
Comunista y se extendieron al interior de toda la universidad, las
prácticas administrativas se politizaron aún más. El proceso de
expansión sin reforma institucional se transformó en un ingrediente
importante en el colapso virtual de la universidad años después.
La crisis económica de 1982 que condujo a México
al borde de la quiebra, tuvo un impacto directo en los fondos
federales para educación superior. De 1980 a 1989 el gasto federal
en las universidades públicas, cayó dramáticamente. El gasto total
en educación superior en el mismo período decreció de casi 4% a
menos del 2% del PNB.
Mientras el subsidio federal se reducía, la BUAP persistía en
contratar más personal tanto académico como no académico. Esto se
explica parcialmente por la ‘Balcanización’ de la estructura de
poder, que hacía competir a grupos y facciones tratando de aumentar
su base de poder; también esta relacionado al sustancial poder
acumulado por el sindicato universitario, que ejerció una tremenda
influencia en las prácticas de contratación, conduciendo
frecuentemente al predominio de criterios no académicos (es decir,
políticos). La situación se hizo extremadamente difícil cuando el
gobierno federal decidió financiar únicamente las plazas que había
autorizado. Según la SEP, la universidad empleaba alrededor de 1,200
personas no autorizadas oficialmente. Esto significa que casi todo el
subsidio era gastado cada quincena en la nómina, no quedando dinero
para gastos de operación.
Los problemas financieros se hicieron aún más severos en 1987
cuando una facción política que había sido marginada por muchos
años, ganó las elecciones rectorales. El grupo entrante
inmediatamente se enfrentó con sus predecesores, no sólo con sus
líderes visibles, sino con cualquiera que hubiera adquirido una
posición de influencia en la burocracia bajo el anterior régimen,
las escuelas y centros de investigación, el consejo universitario y
el sindicato.
Además, el joven e
inexperto rector provocó un choque con el gobierno del estado. En
casi cualquier rama de sus diarias actividades (educativas,
administrativas, políticas, financieras y académicas) el modelo
empleado para funcionar había llegado a sus límites. La imagen de
la formalmente prestigiosa universidad pública había sido
gravemente dañada en absoluto
ante los ojos de los enemigos
políticos de la BUAP que ahora controlaban gran parte de los
negocios regionales de la comunidad.
A fines de 1989 las tensiones políticas
alcanzaron su clímax y los problemas financieros en aumento forzaron
a las autoridades universitarias a pagar a los empleados únicamente
dos tercios de su salario normal. La universidad se desgarró en dos
campos, se diseñó una campaña política contra el rector y la
situación sólo fue resuelta después de que la intervención
indirecta del gobierno federal forzó la salida del rector. La
universidad había caído presa de una crisis financiera, política y
moral, en la que diferentes facciones estaban involucradas en
encarnizadas disputas acerca del futuro (inmediato) de la
institución. La estructura de poder de la universidad que había
sido organizada alrededor del liderazgo de la izquierda partidaria
(PCM, después PSUM) estaba en ruinas. Los miembros ordinarios de la
comunidad universitaria deseaban el pago completo de sus quincenas y
hacer su trabajo en un ambiente estable. Para conseguir esto, en las
elecciones de 1990 votaron masivamente por el candidato de la facción
que había perdido en 1987, José Doger Corte. Se marcó así el
inicio de una nueva fase en la agitada historia de la UAP.
ESTABLECIENDO UN NUEVO CENTRO DE PODER
En franca oposición a
los antecedentes institucionales arriba descritos y en el contexto de
la substancial política de reformas impuesta por el gobierno
federal, el nuevo rector electo, José Doger Corte, se embarcó en un
proyecto para reestructurar casi todo aspecto de la vida
universitaria.
En su discurso inaugural, el rector anunció que la recuperación de
la estabilidad institucional tendría la más alta prioridad.
Enfatizó la necesidad de restaurar el prestigio de la universidad, e
iniciar negociaciones con el gobierno acerca del número de plazas de
trabajo autorizadas, haciendo borrón y cuenta nueva y sin
prejuicios. Para alcanzar estos objetivos, el nuevo equipo
administrativo declaró la necesidad de transformaciones
estructurales. La introducción de un nuevo marco legal que
reemplazara la anticuada ley orgánica sería el punto de partida
para la reforma de la estructura orgánica y los procedimientos
administrativos. Se consideró igualmente importante una
reestructuración de la administración financiera.
La nueva Ley Orgánica fue aprobada en 1991.
Contenía importantes modificaciones a la estructura orgánica y a
las responsabilidades políticas. Hasta entonces, la organización de
la BUAP había sido relativamente simple y plana, aunque el rector
siempre había sido una figura muy poderosa. La nueva ley agregó un
manejo legal a la organización en la que se crearon tres
vicerrectorías. Otro cambio crucial en la nueva ley fue la
eliminación del voto universal, reduciendo drásticamente así la
influencia de los estudiantes y del personal no académico. Como
demostraré, el efecto más inmediato del nuevo sistema legal, fue,
sin embargo, el sustancial fortalecimiento del ejecutivo
universitario, es decir, del rector.
En los primeros años posteriores a la crisis
institucional, José Doger dejó en claro que esta última no podía
ser reducida a sus meras dimensiones políticas y financieras. En su
opinión, fue la ausencia de un modelo o estrategia para definir las
funciones y objetivos institucionales lo que había estado en el
corazón de la crisis. Para el nuevo equipo la más alta prioridad
fue, de este modo, planear y, lo más importante, obtener
información sobre patrones de gastos, composición del personal,
población estudiantil y otros similares.
La meta declarada era regresar a la Universidad de Puebla a sus
raíces académicas.
Los parámetros que conformaron la nueva
orientación fueron básicamente diseñados por la Secretaría de
Educación Pública. A principios de los 90’s el gobierno federal
había creado el Fondo de Modernización para la Educación Superior
(FOMES), que asignaba recursos extraordinarios a instituciones sobre
la base de procesos de evaluación y planeación institucional.
Hablando en general, el discurso gubernamental se cambió del interés
en la equidad, accesibilidad, autonomía o la contribución de la
educación superior a la transformación social, hacia el interés
acerca de la excelencia, eficiencia, gastos y tasas de reingreso.
Además, se reforzó la función de la universidad para los sectores
económico.
Proporcionar los fondos extraordinarios sobre la base de la
competencia se convirtió para el gobierno en una forma privilegiada
de provocar la recuperación financiera (selectiva) de las
instituciones.
Para adquirir estos fondos, las políticas de la BUAP fueron
progresivamente enmarcadas en función de proyectos financiados por
FOMES, tales como la revisión de la currícula, cursos para la
planta académica, la promoción de estudios de postrado, la mejora
de infraestructura académica y la reorganización administrativa. De
1992 a 1995 la BUAP recibió aproximadamente 15 millones de dólares
de estos fondos, una cantidad que se compara favorablemente con lo
recibido por otras universidades públicas.
En 1994 el rector Doger señaló que FOMES había jugado un ‘papel
fundamental en el proceso institucional de mejora cualitativa y
cambio estructural’.
Otro importante objetivo político a principio de
1990, fue el esfuerzo para hacer frente de manera efectiva al enorme
número de estudiantes y la considerable plantilla de personal
universitario parcialmente irregular. Desde que la última fue la
mayor causa de disenso entre la Universidad y la SEP, entre 1991 y
1993 más de 1,300 trabajadores académicos y no académicos fueron
despedidos. Con respecto a los estudiantes, las autoridades
decidieron introducir el asunto políticamente sensible de admisión
selectiva en 1992. Más aún, se establecieron cuotas de
matriculación en campos que tenían una larga historia de ser
abarrotados y los estudiantes que estaban oficialmente inscritos pero
nunca se comprobó si habían sido eliminados de las listas. El
número total de no titulados decreció aproximadamente en un tercio
entre 1990 y 1993.
Tan pronto como la situación en la BUAP pareció
haber retornado a la estabilidad política y financiera, se tomaron
los primeros pasos hacia un plan general de desarrollo. La planeación
estratégica se convirtió en una prioridad. Estos esfuerzos de parte
del rector y su equipo recibieron amplio apoyo dentro de la comunidad
universitaria. En este contexto, y a petición del gobernador del
estado, la BUAP invitó a un equipo norteamericano de expertos del
Consejo Internacional para el Desarrollo Educativo (ICED) para llevar
a cabo una evaluación exhaustiva de la institución.
El ICED elaboró un reporte que “puso orden en la institución y
todas la deficiencias y problemas de la organización se dejaron
fuera”.
Varias estrategias básicas y objetivos
prioritarios se dedujeron de la evaluación. El programa de trabajo
de José Doger contó con su segundo, ahora cuarto año, el período
de verano de 1993, fue realmente una copia de él.
Después de los dramáticos hechos de 1989 y 1990, había emergido
lentamente un conjunto integrado de ideas acerca de cómo
reestructurar la universidad. A fines de 1993, un discurso
completamente nuevo acerca de la modernización de la institución
había tenido lugar en la Universidad Pública de Puebla y en otros
sitios. Las referencias al pasado no se volvieron a hacer, excepto en
términos negativos. Junto con otro equipo de Estados Unidos, un
grupo de miembros universitarios trazó el Plan General de Desarrollo
que se llegó a conocer como Proyecto Fénix.
En 1993 Doger fue reelecto para un segundo período.
LA EXPANSION DEL
DOMINIO.
Una vez que José Doger hubo estabilizado su posición como
rector, después de la reforma legal y los arreglos financieros con
el Secretario de Educación., inició una estrategia para ampliar su
influencia dentro y fuera de la universidad. Esto lo llevo a una
situación de poder absoluto en cada campo de la vida universitaria y
más allá, dejando poco espacio para balancear fuerzas y criticas.
¿Cómo lo logró? Aún cuando no es factible un análisis completo
de este proceso en el contexto de este capítulo, puedo identificar
algunos factores cruciales y después concentrarme en la eliminación
del contrapeso político mas importante al más alto poder en la
universidad anterior a 1990, el sindicato. Aunque este fue un proceso
largo, extendió enormemente el dominio político del rector e
incrementó su poder e influencia con otros actores. Todo esto le
permitió a Doger a obtener una riqueza personal considerable.
Un primer paso de este cacicazgo fue la drástica reducción de la
influencia política de la vasta población estudiantil. La reforma a
la Ley Orgánica incluía un cambio histórico en las leyes
electorales de la universidad al eliminar el voto universal. Esta
decisión fue ampliamente apoyada por la comunidad universitaria, ya
que se creía que el voto universal había contribuido a la extremada
politización de la institución y de la multiplicación de prácticas
clientelistas.
La efectiva marginación de los estudiantes en la toma de decisiones
fue un factor importante para la posterior dominación de Doger: el
estudiantado era un actor menos en el escenario político.
Un segundo paso, consistió en un esfuerzo deliberado por parte de
Doger para reforzar su dominio en la institución mediante la
promoción de una elite de directivos bajo su control. La
reestructuración de las diferentes unidades administrativas y la
creación de otras nuevas se encargaron del desarrollo y la
implementación de las políticas de modernización, lo que trajo
consigo un importante aumento en el número de directivos de alto
nivel (directivos en Español).
Más importante aún es el hecho de que el personal administrativo
contribuyó enormemente al engrosamiento de este crecimiento en las
oficinas centrales de la universidad. Mientras que el número de
funcionarios en las escuelas solo se incrementó de 81 a 95 entre
1989 y 1993, el número de altos mandos -la mayoría de ellos
ocupados por académicos de tiempo determinado- se duplicaron de 1994
a 1996. Estos funcionarios fueron designados directamente por el
rector y por lo tanto se debían a él. Ellos estaban a cargo del
desarrollo y supervisión de la modernización de los proyectos
financiados por el gobierno.
Con este nuevo grupo, se introdujo un nuevo estilo de control a la
universidad. La mayoría de los funcionarios recibían auto, algunos
con chofer y teléfono celular. Sus salarios se duplicaron y
empezaron a vestirse con traje y corbata. Estos atributos llegaron a
ser los símbolos de una nueva cultura de poder y daban testimonio de
una reestructuración general a un sistema simbólico que dio sentido
a las relaciones dentro de la universidad y un lugar más amplio a la
institución en el contexto social. Los nuevos símbolos
correspondieron a la introducción del carácter empresarial
distintivo en la institución que se había venido construyendo como
una autoidentidad en contradicción a las creencias del sector
privado.
La consolidación de la elite directiva trastornó las relaciones de
poder ya existentes entre las estructuras centrales y las estructuras
particulares de la universidad. En este contexto se dio la
transferencia de responsabilidades que pertenecían a estructuras
particulares hacia la administración central, tales como la reforma
curricular, la evaluación del desempeño académico, el ingreso de
estudiantes que al parecer era la más importante. Este cambio fue
parcialmente dado a conocer en virtud de que el Secretario de
Educación tenía estos temas como prioridad en su agenda. Esta
tendencia se reforzó con la nueva Ley Orgánica que se introdujo a
la universidad a los “consejos por función” que asesoraban al
rector y a los vicerrectores sobre asuntos tales como la enseñanza y
la investigación. Cuando las actividades están ampliamente
organizadas y manejadas a través de funcionarios, los niveles de
poder de los altos mandos sobrepasan los niveles de poder de los
mandos medios, un proceso evocativo de lo que Guerra llamó ‘el
empaquetamiento’ de los líderes campesinos por las nuevas
estructuras organizativas nacionales.
La centralización del poder definitivamente incrementó la toma de
decisiones por funcionarios, una ventaja indispensable para cualquier
reforma sustantiva como el Proyecto Fénix. Esto marcó los
contrastes con años anteriores, cuando cada decisión involucraba a
numerosos actores y una intrincada negociación política que muchas
veces terminaba en un estancamiento. En los 90’s el poder se
concentro más aún en manos del rector.
Un tercer paso que fue crucial fue la creciente dominación de Doger
en la política de selección de directores de facultades e
institutos y las llamadas unidades académicas. Los nuevos arreglos
electorales estipulaban que los directores tenían que ser electos de
forma que proveyeran al rector con amplias posibilidades de
seleccionar ‘al candidato ideal’ para el trabajo. El enorme poder
discrecional del rector en la distribución de los recursos dieron
mayor peso al hecho de que esta nueva generación de directores eran
políticamente afines a él. Más aún, cuando un nuevo rector es
elegido en el Consejo Universitario, los directores pueden votar de
acuerdo a sus propias convicciones, mientras que los dos estudiantes
y los dos representantes del personal académico de cada una de las
unidades académicas, sin importar el tamaño de su facultad o
instituto tienen que votar por el candidato que les mandate la gente
a la que representan. Esta innovación legal clave llevo a la
situación en que el Consejo Universitario y la universidad como un
todo podían ser controladas totalmente a través de los directores
de las unidades académicas.
El cuarto paso, fue la destrucción del actor con más contrapeso en
la universidad, el sindicato. En las páginas siguientes describiré
el proceso en detalle por su peso político y también porque provee
una introducción a los trabajos de reciente poder caciquil.
¡ LOS CHARROS NO NACEN, SE HACEN ! :
DOGER Y EL SINDICATO UNIVERSITARIO
Una de las prioridades de José Doger era sanear las finanzas de la
institución. La presión del Secretario de Educación sobre el nuevo
rector era enorme.
Esto implicaba la inmediata regulación de los salarios y del
personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por el gobierno.
El mayor problema a éste respecto era el número de empleos no
autorizados por la Secretaría, los salarios y un sinnúmero de
prerrogativas en el contrato colectivo (contrato colectivo de trabajo
CCT) entre la institución y el sindicato, el Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP), las
cuales habían contribuido al empobrecimiento financiero de la
universidad. Ese era el caso del aguinaldo o bono navideño para el
cual el Secretario de Educación presupuestaba cuarenta días
laborales y el CCT de la UAP exigía setenta y cinco días. La
diferencia tenía que ser ajustada por la institución. Sin embargo,
había otros muchos aspectos del CCT que llegaron a ser materia de
desavenencia.
Frente a estos antecedentes, no es sorprendente que, en su búsqueda
por obtener el total de la universidad, José Doger se encontrara con
el sindicato en su camino. El problema empezó desde el primer
momento de la negociación del CCT en Enero de 1992. En los
siguientes párrafos analizaré como esta desavenencia se convirtió
en un conflicto mayor con inequívocos visos políticos;
posteriormente en una batalla judicial desgastante, que terminó en
la destrucción casi total del sindicato. Este análisis demostrará
que el resultado no podía haber sido posible sin el enérgico
involucramiento del estado y del sistema judicial y sin las prácticas
desvergonzadas tan típicas de los políticos locales mexicanos.
A principios de Enero de 1992 la abogada de la universidad Irma
Moreno Montiel, quien jugaría un papel fundamental en el equipo de
Doger, entregó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Local
(JLCA) una amplia lista de propuestas para reformar el CCT: 35
cláusulas debían ser eliminadas, 91 enmendadas y 8 de nueva
introducción. Un argumento legal importante de las autoridades
universitarias, era que el CCT no era compatible con la Ley Federal
del Trabajo, ni con la Constitución.
El punto fundamental de interés era el grado en el que el sindicato
participaba en el proceso de toma de decisiones. Las discusiones se
centraban en la llamada “Comisión Bipartita” en la cual la
institución negociaba con el sindicato cuestiones tan fundamentales
como el presupuesto, la contratación y promoción del personal,
pensiones y otros.
Sin el consentimiento del sindicato o del rector no se podían tomar
decisiones. El secretario general del sindicato Joel Guel de la Cruz,
consideró las propuestas como un ataque sorpresivo y reaccionó con
ironía: ‘en lugar de enmendar las violaciones del contrato
colectivo (el rector) desea eliminar las cláusulas que generan
conflicto’.
El sindicato estaba interesado sobre todo en el aumento de
salarios, el reembolso de una cantidad considerable de dinero que le
había prestado a la institución y el pago en tiempo por parte de la
institución de las cuotas sindicales.
Por lo tanto, desde el principio estaba claro que mientras que para
el sindicato las negociaciones esencialmente tenían un carácter
económico, la institución inició el conflicto con una agenda
política y económica refiriéndose al poder de autoridad y de toma
de decisiones. Además, desde la introducción de un nuevo marco
legal, el rector no tenía que consultar al Consejo Universitario
pues podía negociar en sus propios términos con el sindicato. Las
hostilidades y la falta de compromiso por parte de las autoridades
provocaron un grado de movilización nunca antes visto dentro del
sindicato y poco después se tomó la decisión de ir a huelga.
Mientras que la mayoría de los miembros del sindicato estaban de
acuerdo en que las relaciones laborales existentes, y las prácticas
sindicales necesitaban desesperadamente de una reforma, también
pensaban que Doger y Moreno Montiel estaban tomando una actitud
demasiado beligerante. La huelga no estaba encaminada primordialmente
a presionar a la institución para revisar su oferta económica pero
si para ‘dignificar una instancia sindical’ y exigir
respeto para el sindicato.
Justo tres días después, el sindicato aceptó la oferta de las
autoridades y la promesa del rector para discutir varias de sus
propuestas con el sindicato en comisiones bipartitas separadas. Doger
también prometió negociar con el Secretario de Educación la
obtención de fondos adicionales a fin de reembolsar el dinero que
debía al sindicato.
Con este acuerdo, José Doger no había aportado nada importante,
pero si obtuvo exitosamente tiempo suficiente para maquinar el
siguiente ciclo de negociaciones. Con la intensa inestabilidad en
mente de los años 1989-1990, los universitarios se sentían
aliviados. Debe hacerse notar que el sindicato era objeto de
críticas, particularmente por parte del personal académico. Las
frecuentes y algunas veces prolongadas huelgas, la corrupción
y el involucramiento en la crisis política de la UAP, previa a la
elección de Doger había lesionado la autoridad sindical.
A finales de 1992 cuando el SUNTUAP entregó sus demandas para la
renovación del contrato colectivo del año siguiente – 40% de
aumento al salario y la discusión de violaciones al contrato - las
señales no fueron buenas: el sindicato no había recibido ningún
pago de los cuantiosos préstamos a la institución.
Por el contrario, había empezado a experimentar una serie de asaltos
orquestados por la rectoría. Un comentarista habló de “terrorismo
laboral” por parte de la abogada universitaria, según el cual los
empleados eran despedidos sin los fundamentos legales apropiados.
Más importante aún, el sindicato estaba pasando por la intromisión
política de la rectoría en sus asuntos internos a través de la
complicidad de varios de sus líderes. El objetivo principal de
promover la división interna era la de crear dos sindicatos, uno
para académicos y otro para personal no académico, además, uno de
los asuntos fundamentales en la mira era delimitar las
responsabilidades administrativas entre el sindicato y la
administración central de la universidad. José Doger había estado
preparando el llamado ‘reglamento académico’, en el cual
numerosos aspectos de los derechos y obligaciones del personal
académico serían regulados. La clave innovadora de la propuesta era
que el ejecutivo universitario sería la autoridad exclusiva en estos
asuntos. Esta propuesta abandonaría el principio de negociaciones
bilaterales y despojaba al sindicato de sustancial influencia. El
Consejo Universitario aprobó la nueva regulación en Diciembre de
1992.
A principios de 1993, solo unas semanas antes de la pretendida huelga
del SUNTUAP. la Junta de Conciliación y Arbitraje inesperadamente
decidió sobre la base de tecnicismos legales, que los fundamentos
de la huelga anunciada eran nulos e inválidos. A pesar de que
expertos legales calificaron la decisión como una “monstruosidad”,
el SUNTUAP no tenía los medios para ejercer presión sobre la
institución, y las negociaciones del CCT simplemente se
suspendieron. Doger se rehusó a firmar el contrato. Aún cuando no
estaba claro en ese momento, la decisión iba a tener consecuencias a
largo plazo. Sin embargo, inmediatamente se asumió que intereses
políticos motivaron la posición controversial de la Junta de
Conciliación y que estaba asociada al hecho de que la campaña de
reelección de Doger estaba a punto de iniciar. El problema con el
sindicato era algo que el ambicioso rector pudo pasar por alto.
La Secretaría de Educación y la universidad de manera unilateral
impusieron un aumento de salario de solo el 7%.
Como era de esperarse, el SUNTUAP fue atrapado en un proceso político
que culminaría con la elección de rector en septiembre de ese año.
Las divisiones entre sus propias filas fue exacerbada ya que más de
la mitad de los miembros del comité ejecutivo ya habían sido
seleccionados por el rector y estaban haciendo activamente campaña
para él. Los líderes antidogeristas del sindicato ejercieron
presión sobre los otros candidatos, en defensa del principio de
bilateralidad y por los intereses de los empleados que habían sido
(injustamente) despedidos, lo cual fue en vano.
Inmediatamente después de la apabullante segunda victoria de Doger,
una nueva fase empezó en la lucha entre el sindicato y José Doger
quien ahora gozaba de una posición más fuerte aún. Grupos leales
al rector en diferentes facultades estaban buscando formar nuevas
“asociaciones profesionales”; en un claro intento por minar la
base de poder del SUNTUAP entre el personal académico.
Con la asesoría y las alianzas clientelistas de un secretario
general anterior del sindicato, Agustín Valerdi quien fue asignado
asesor del equipo de asesores de José Doger (actualmente una máquina
para nombramientos y patronaje) y con la aprobación del propio
rector, fue anunciada en Noviembre la fundación de una nueva y
‘amplia’ asociación. Su vocero proclamaba que contaba, con el
respaldo de la mayoría de los académicos y una minoría del
personal no-académico, y que la nueva organización trataría de
obtener la titularidad del CCT. Se argumentaba, que como el CCT no
había sido firmado con anterioridad ese año, se había convertido
legalmente en ‘no –existente’ y ya no estaba en manos del
SUNTUAP. Un especialista calificado en leyes laborales contradijo el
argumento, pero proféticamente agregó que con el aparentemente
tácito entendimiento entre las autoridades universitarias y la JLCA
cualquier cosa era posible: ¡ Los charros no nacen, se hacen !
La aparición en escena de una nueva organización en Enero de 1994,
la asociación profesional de académicos de la BUAP (ASPABUAP) que
tenía el respaldo total de José Doger, redefinió la relación de
fuerzas. Cuando el SUNTUAP solicitó la renovación de negociaciones
para el CCT 1994-1995 y anunció el usual ‘emplazamiento a
huelga’ , el presidente de la JLCA, Arturo Alonso García la
declaró ilegítima (inexistente) porque el ASPABUAP había
solicitado la titularidad del CCT justo un día antes. Un mes
después, la JLCA recibió la solicitud para el registro de un nuevo
sindicato que exigía representar a la mayoría de los trabajadores
no-académicos, el Sindicato Independiente de Trabajadores
no-académicos de la BUAP (SITBUAP). Ante tal situación, el código
laboral (Ley Federal del Trabajo) estipula que los sindicatos deben
demostrar que tienen el apoyo mayoritario entre los trabajadores. En
diferentes ocasiones y por separado, al personal académico y no
académico se le solicitó votar por la organización que apoyaban.
El proceso de votación fue seriamente obstaculizado por la
intromisión e intimidación de las autoridades universitarias y
empleados de la JLCA a favor de los nuevos sindicatos, complementado
con acarreados, padrones rasurados y al igual, por ejemplo de
técnicas desarrolladas por el PRI para arreglar elecciones. A pesar
de estas prácticas o a la mejor, a causa de la evidente presión por
parte de la facción Dogerista, la mayoría arrolladora de los
universitarios académicos y no-académicos, permanecieron leales al
SUNTUAP y frustraron los planes de Doger de imponer sindicatos leales
a él.
Como se comprobó después, esta victoria fue infructuosa porque
abrió un nuevo período de complejas maniobras políticas y legales
enfocadas a la destrucción del SUNTUAP. Mientras tanto, los nuevos
sindicatos, sindicatos blancos, esperaban otra oportunidad para tomar
el mando. El rector y, especialmente, la JLCA, cuyo presidente Arturo
Alonso García también era profesor el la Facultad de Leyes,
incrementó la presión al sindicato. La situación financiera del
SUNTUAP se volvió altamente precaria, Doger nunca repuso los fondos
que le debía al sindicato y también se rehusó a pagar las cuotas
mensuales al sindicato.
El debilitamiento financiero del sindicato tenía serios problemas
políticos y legales porque hizo más y más difícil recaudar las
grandes sumas de dinero necesarias para las fianzas (soporte
económico) de los futuros embrollos judiciales orquestados por las
autoridades universitarias y estatales. En los años subsecuentes el
sindicato fue sometido al típico juego de desgaste mexicano,
el cual agotó al sindicato financiera, legal y políticamente.
La situación legal del SUNTUAP empeoró después de que el
sindicato hubo elegido a un nuevo líder en Septiembre de 1994;
Lourdes Cano, quien fue la primera mujer en encabezar al sindicato
desde su fundación en 1976.
En un claro intento por socavar más aún el poder del sindicato y en
base a otro tecnicismo legal, la JLCA se negó a reconocer a la
recién electa líder sindical, por lo que dio paso a una situación
absurda.
El CCT se dijo, era inexistente desde 1992 porque el documento nunca
de firmó en 1993. La titularidad del CCT por el SUNTUAP se
declaró inexistente y ahora la líder sindical del SUNTUAP se
declaró inexistente. Lourdes Cano y sus seguidores quedaron
atrapados en un “delirio de interpretación”, una complicada y
oscura batalla legal acerca de la interpretación de aspectos
triviales de leyes administrativas y laborales.
En Enero de 1995, la JLCA anuló el registro oficial del sindicato,
Doger defendió esta nueva ofensiva declarando que el SUNTUAP era un
obstáculo a la modernización, por lo que el rector se convirtió
totalmente en sinónimo de ‘lealtad y subordinación’ hacia el
ejecutivo, quien ahora podía llevar a cabo sus políticas con un
sindicato sin reconocimiento legal.
Una particular e importante materia de desavenencia se desarrolló
alrededor del despido de cientos de universitarios por parte de
Doger, muchos de ellos basados en argumentos infundados.
La subsecuente marginación del sindicato forzó a los líderes a
buscar nuevas alianzas fuera de la arena universitaria. Los lideres
ejercieron presión con autoridades federales para dar publicidad
nacional a las violaciones sufridas e intensificaron sus contactos
con organizaciones hermanas de la UNAM, UAM y los sindicatos de la
industria eléctrica e IMSS. Los líderes también
trasladaron sus batallas legales a las cortes federales en la ciudad
de México. Con el apoyo económico de otros sindicatos y el PRD, el
SUNTUAP pudo comenzar los costosos trámites legales para obtener un
amparo federal contra las difíciles decisiones dictadas por las
autoridades laborales a nivel estatal. En 1995 y 1996, el SUNTUAP
tuvo éxito al ganar amparos en contra de varios dictámenes
en Puebla. Sin embargo, la complicidad entre las autoridades
universitarias, la JLCA y la Secretaría de Gobernación en
Puebla se había hecho tan íntima que las autoridades laborales
regionales y los abogados universitarios siempre encontraban huecos
legales para evadir sus responsabilidades. El aspecto legal que
dominaba la batalla en éste momento era la llamada toma de nota
la cual había impedido el registro de Lourdes Cano como líder del
sindicato.
A principios de 1997- último año de rector de José Doger- los
sindicatos rivales se hicieron más activos otra vez. Parecía que
para poder obtener la titularidad del CCT se enfocaban hacia otro
recuento entre los universitarios, que había terminado tan
dramáticamente a favor del SUNTUAP unos años antes. Sin embargo, en
un vuelco extraordinario de eventos, Doger mismo declaró a
principios de Abril que abandonaría esta opción, una decisión que
iniciaría el último y más amargo capítulo en la batalla. Se
sugirió que el sindicato perdería automáticamente la titularidad
del CCT si ese sindicato no estaba legalmente reconocido durante un
periodo prolongado de tiempo. Como este era el caso del SUNTUAP, el
CCT quedaría en manos de los dos sindicatos blancos. Unos
días después, la JLCA, que había sido extremadamente lenta para
responder las quejas interpuestas por el SUNTUAP e instrucciones de
jueces federales, concedió dos nuevos contratos colectivos al
ASPABUAP y el SITBUAP. Entonces el SUNTUAP solicitó un amparo a
nivel federal para invalidar los nuevos CCT y en Junio un juez
federal falló a favor del SUNTUAP. Cuando el tribunal federal
también falló en contra de la decisión de la JLCA para negar el
registro de los líderes de los nuevos sindicatos en Junio, parecía
que el SUNTUAP todavía tenía la posibilidad legal de deshacer el
nuevo CCT. Sin embargo, la decisión de dar seguimiento al fallo
federal fue pospuesta, forzando al SUNTUAP a interponer una queja en
la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México. Cuando se falló
que la JLCA tenía que reconocer la posición de Lourdes Cano como
Secretaria General del SUNTUAP, más de tres años después de haber
sido electa, la JLCA aceptó hasta principios de Noviembre,
coincidentemente solo unos días después que José Doger dejara la
rectoría. Mientras la líder del sindicato vio en esta decisión la
oportunidad de reestablecer negociaciones con el recientemente
electo Enrique Doger la JLCA cínicamente tenía una última carta
bajo la manga: el reconocimiento legal extendido por la Junta era
válido hasta el 31 de Octubre y ya había expirado cuando salió.
Bajo estas bases el SUNTUAP estaba incapacitado para negociar con las
autoridades universitarias y tenía que reiniciar los procedimientos
legales.
Años más tarde, en el otoño de 2003 en el zócalo de la ciudad de
Puebla, una tienda de campaña roja y negra cubierta con banderas
recordaba a los presentes que el alguna vez, poderoso SUNTUAP, aún
estaba protestando. La desgastante guerra legal no había terminado,
pero la batalla decisiva se había perdido desde hacia tiempo atrás.
El desmantelamiento del SUNTUAP constituyó un ingrediente crucial en
la expansión del control de José Doger. Con los estudiantes
marginados, con su leal y políticamente servil élite burocrática,
la eliminación de un sindicato potencialmente independiente fue un
paso fundamental para lograr el control casi absoluto de la
institución. Este objetivo político, explica los extenuantes
esfuerzos de los Dogeristas para desaparecer el sindicato, una
estrategia que caía como anillo al dedo de las políticas
gubernamentales para reestructurar el sistema corporativista. Como
tal, fue un factor fundamental en la transformación de un liderazgo
institucional a un cacicazgo institucional. Claramente el
sindicato había participado en la crisis institucional de finales de
los 80s y había una extendida creencia entre los universitarios de
que las cosas tenían que ser reestructuradas. También es cierto
que el SUNTUAP no había mostrado muchos signos de comprensión de
que la universidad y el amplio contexto socio-político estaban
cambiando rápidamente. En cambio el sindicato tomó una actitud
defensiva. Las primeras tentativas de Doger para reformular la
relación entre el sindicato y la institución le atrajeron apoyos.
Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que Doger no tenía
intenciones de reformar los términos de la relación entre su
administración y el sindicato, sino hasta después de la demolición
del sindicato y la construcción de su propio feudo. Visto desde una
perspectiva mas amplia, la derrota del SUNTUAP es parte de un
movimiento general, bajo el patrocinio de la reforma neoliberal para
atacar a “los actores de la modernidad”, esto es, desmantelar
actores colectivos en una sociedad civil y las instituciones
intermedias entre estos actores sociales y el estado (sindicatos,
partidos políticos, universidades, medios masivos independientes,
etc.). El resultado es lo que Zermeño llamó ‘la pedaceria
social’ (`fragmentación social´), la cual produce un vacío
en el espacio político que frecuentemente es ocupado por un
‘monstruo autoritario-paternalista’.
INTERMEDIACION Y ARBITRARIEDAD
El análisis de la desaparición del SUNTUAP también muestra otras
formas de construcción de un cacicazgo. En esta sección
revisaré algunas de ellas y su vínculo con el caso de la BUAP en
una discusión general acerca del caciquismo.
El primer punto tiene que ver con la intermediación y control de
recursos. Los caciques ocupan puestos claves en un sistema
clientelista, esto es, ellos se sobrentienden como parte de redes de
relaciones de autoridad y poder más amplias y jerárquicas. El
cacique ocupa una posición clave en el sentido de que él/ella
controla los flujos de recursos de niveles superiores del sistema
hacía un dominio identificable en los niveles inferiores, por
ejemplo, un ejido, un sindicato, o un departamento universitario,
cuyos miembros tienen oportunidades limitadas para obtener estos
recursos de otra forma. Aquí surge la pregunta ¿cómo y en qué
grado el caciquismo puede solo subsistir en ( relativamente)
sistemas cerrados, en contraposición a los mas abiertos?. (Ver
contribución de Rogelio Hernández a este volumen). Esto está
relacionado con la idea de que el caciquismo solo surgirá a
causa de la ‘desconexión estructural’ entre el dominio del poder
local y amplios marcos de referencia socio-económicos y el estado.
Yo sugiero que tales oposiciones son demasiado simples y que el caso
actual de caciquismo institucional permite una interpretación
alterna.
Los caciques son figuras- falsas que se especializan en acomodar y
monopolizar relaciones hacia arriba y hacía abajo. La reglas que
regulan los intercambios en estos sistemas están formadas por
valores de reciprocidad, confianza y valores asociados con la cultura
de la personalización. Los recursos claves que intercambian varían
de acuerdo al tiempo y al contexto. Este aspecto definitorio se
sustenta firmemente sobre los lineamientos de los estudios clásicos
antropológicos acerca del caciquismo en el México rural, en donde
los intermediarios del caciquismo llenan los ‘espacios vacios’ (a
menudo culturales) , o cuando menos simbolizan la promesa de llenar
los espacios vacíos entre comunidades rurales y las nacientes
instituciones del estado (nacional).
Los caciques de la Naranja se han especializado en tradiciones
culturales, políticas y legales de lo intrincado de la legislación
agraria ‘a la turbia realidad del ejido local’.
La efectividad de los caciques urbanos se mide a través de la
intermediación de un flujo constante de beneficios materiales como
títulos de propiedad, servicios, escuelas, calles pavimentadas y
otras mejoras.
A pesar de que los mundos de los líderes agrarios radicales en los
40´s, y de un rector universitario contemporáneo difiere
profundamente, la intermediación provee poder crucial para ambos.
El punto clave que estaba en juego en la batalla entre rectoría y el
SUNTUAP a principios de 1990, era la autoridad sobre la distribución
de recursos. El principio de bilateralidad se abandonó, lo cual
transfirió el control de recursos casi enteramente hacía las
finanzas ejecutivas, CCT, contratación de personal y promociones,
oportunidades para viajar, contratos de construcción, adquisiciones
tecnológicas, etc. Nada sucede sin la aprobación personal del
rector.
Más aún, esto coincidió con un aumento constante en el flujo de
recursos del gobierno federal hacía la universidad, especialmente
hasta la crisis del peso en 1995, entre 1990 y 1994 el subsidio
federal subió de 41.3 millones de dólares a casi 70 millones de
dólares .(a precios constantes de 1994). Los subsidios estatales se
incrementaron casi de 10 millones de dólares en 1990 a
aproximadamente 18 millones en 1994. En el mismo periodo, los propios
ingresos universitarios se incrementaron espectacularmente de 4,2
millones de dólares a casi 22 millones de dólares. De este modo, el
ingreso total de la universidad casi se duplicó de poco más de 55
millones de dólares en 1990 a casi 110 millones de dólares cuatro
años mas tarde. Más aún, en el mismo periodo el número de
estudiantes decayó drásticamente.
La mediación también se realizó de otras maneras. Acceso a
personajes clave, la política de los programas para uso de fondos en
la burocracia federal requirió de conocimientos complejos y
tecnocráticos y redes personales que se concentraron en los más
altos niveles de la administración central de la universidad. La
función intermediaria del rector de la universidad está basada en
su poder burocrático legal: como jefe de una organización
“autónoma” él es el único interlocutor legalmente legítimo
para las instancias externas. Cuando por ejemplo, un departamento en
particular solicita recursos de la Secretaría de Educación para la
innovación, estos pasan necesariamente por las oficinas centrales de
la universidad. Más aún, si la Secretaría decide otorgar el apoyo
financiero para el proyecto, los fondos serán transferidos a la
administración central de la universidad y de ahí se transferirán
al departamento en cuestión. Esta situación crea un vasto dominio
para los administradores que están bajo la influencia del rector.
Entrevistas con burócratas de alto nivel financiero en la BUAP han
revelado la existencia bajo el mandato de José Doger de presupuestos
anuales “ideales” y “ajustados” para gastos públicos y
presupuestos ‘reales’ determinados ad hoc por el rector y sus más
cercanos colaboradores basados en motivos políticas.
Mientras la manipulación es un atributo fundamental del
rector-cacique de la universidad, esto no se lleva a cabo en el
contexto de la llamada “brecha” entre el territorio del cacicazgo
y el de las instituciones del estado nacional. Recientemente,
Gledhill ha argumentado que las bases para la procreación de gente
poderosa local están integradas más que nada, en estructuras de
poder más amplias. Su breve análisis de la base del poder de gente
poderosa en Guerrero, Tabasco y Chiapas en la era neoliberal apunta a
la existencia de redes que relacionan a caciques locales con figuras
del más alto nivel de la elite nacional. Es así extremadamente
difícil hablar de caciquismo como un sistema estrictamente
local y mantener la idea clásica del cacique como intermediario
entre territorios locales y nacionales.
En sentido análogo, los sucesos en la BUAP durante los 90´s no se
pueden entender adecuadamente si se pasa por alto el incremento de
la complicidad política entre el cacique de la universidad y su
pandilla y los miembros clave de los gobiernos del estado y nacional.
Manuel Bartlett Díaz jugó un papel calve en esto, primero como
Secretario de Educación en el gabinete de Salinas y posteriormente
como Gobernador de Puebla (1993-1999).
Por ejemplo, la campaña coordinada de las autoridades de la BUAP y
la JLCA contra el sindicato, claramente muestran la complicidad
política entre Doger y Bartlett.
Fuera de la universidad, miembros de la elite universitaria pasaron a
formar parte de las redes de trabajo e intereses del estado, del
partido y de la iniciativa privada. Mientras Gledhill percibe que
varios líderes regionales hacen un esfuerzo para disimular sus nexos
con la elite nacional detrás de la ideología del federalismo y
autonomía estatal, las autoridades universitarias pueden continuar
con el discurso de ‘autonomía universitaria’ la cual les
ofrece una ideología localista pre-elaborada que puede movilizarse
cuando hay una razón para enfatizar su ‘independencia’ del
estado y de la iniciativa privada.
Sin embargo, el involucramiento del clan Doger en el proceso político
fuera de la universidad se incrementó más que nunca desde el inicio
de su 2º período rectoral. Doger apoyó al candidato del PRI a la
presidencia municipal de la ciudad de Puebla en 1995 enlistando a
varios administrativos de alto rango en el equipo del candidato.
Desafortunadamente para Doger, el PRI perdió las elecciones contra
el PAN por primera vez en la historia de la ciudad. Años mas tarde,
Doger mismo fue incluido en el gabinete del Gobernador Melquíades
Morales. Durante la rectoría de Enrique Doger Guerrero el
involucramiento político se intensificó. La agenda estratégica de
la universidad estuvo fuertemente influenciada por las ambiciones
políticas del rector. En 2002, Doger Guerrero participó en un
intento fallido para ser incluido en la lista de candidatos para
diputados federales. En 2004, eventualmente obtuvo la candidatura
del PRI para la presidencia municipal y ganó.
Dentro de la universidad, el cacique y su pandilla se mantuvieron en
el centro de la red sobre la que ejercieron inmenso poder e
influencia. Las fuentes de su poder están desde dentro y fuera de la
universidad. El punto en el que hay que hacer hincapié es la
simultaneidad paradójica del involucramiento del cacique en redes de
trabajo más extensas, que conectan diferentes grupos y elites - por
lo que aparentemente se descarta la idea de vacío- y la
persistencia de ruptura – manteniendo de este modo la idea de la
necesidad de un proceso de mediación y enlace entre diferentes
instituciones y grupos. La paradoja posiblemente se pueda explicar
mejor si se distingue entre una forma más tradicional de “brecha”
caciquil que se caracteriza por la existencia de una distancia
física, social y cultural entre diferentes grupos a la que me
gustaría llamar caciquismo con “portero regulador”. Este
último se define por la (casi) inexistente y/o irrelevante distancia
física, social y cultural: el caciquismo regulador y la gente
que este controla y representa están social, económica, política y
culturalmente solidamente integrados a las instituciones del México
moderno. Sin embargo, la existencia de ciertas prerrogativas
burocráticas políticas y/o legales y la autoridad informal en manos
de individuos clave que les permite controlar el acceso a recursos
cruciales y a funcionar como conductos de enlace de manera vertical y
horizontal. Un profesor de física puede ser un ciudadano integrado
y bien informado, pero dependerá completamente de la disposición
del rector para otorgarle fondos para viajar u obtener una promoción.
El sistema de la universidad evita que él los pueda obtener de otra
manera: el sistema está cerrado excepto a través de las compuertas
resguardadas por el portero regulador. La base para tan formidable
poder se convirtió en trampolín para construir el cacicazgo de
Doger. La integración y la clausura pueden ir de la mano y dar
cuenta de la paradoja mencionada anteriormente.
Las prácticas caciquiles son calculadas fríamente y bien dirigidas
por intereses personales, políticos y económicos y una cultura
personalista. Como tal, la cultura y lógica política del caciquismo
se presenta frecuentemente como contraria a la lógica moderna
Weberiana de ejercicio de poder y burocracia institucional y
reforzamiento de la ley. Esta idea por supuesto, tiene alguna
fundamentación, ya que la legalidad generalmente es negociada
políticamente por el cacique, una situación que se presentó
obligadamente en el análisis de la lucha en contra del sindicato.
Al mismo tiempo, el poder caciquil no puede ser considerado como
contrario a la estancia legal en el poder. Mientras que los caciques
del siglo XIX e inicios del siglo XX ejercían su poder
independientemente de tener un cargo, la creciente torpeza
institucional del México post revolucionario, en combinación con la
prerrogativa constitucional de no reelección, expandió
substancialmente la disponibilidad e importancia del cargo formal de
cacique mediante elección. En un estudio del sistema político de
una pequeña comunidad en Oaxaca, Ugalde se encontró con 132 cargos
ciudadanos fijos (de cacique) incluyendo los suplentes, junto con un
número variable de cargos temporales.
La arbitrariedad asociada tradicionalmente con el caciquismo
no es solo una prerrogativa de los caciques no designados, sino que
está asociada a la mediación de procesos legales y burocráticos y
al uso de la violencia. Esto me lleva a una conclusión final
asociada fuertemente con el caciquismo, el uso de la fuerza.
Durante las primeras décadas después de la revolución, la
violencia caciquil no solo se limitó al campo. El sindicato de
caciques de la CROM y de la FROC-CROC estuvieron involucrados en
batallas sangrientas en y alrededor de Atlixco, por casi dos
décadas.
El caciquismo vinculado a la violencia decayó un poco después
de los 30´s, pero permaneció vigente a nivel local, especialmente
en comparación con la estabilidad de las políticas nacionales
mexicanas. En verdad, como Knight lo ha indicado, las claves locales
y la violencia quirúrgica podían efectivamente haber facilitado la
ausencia del pretorianismo nacional.
Más aún, mientras los procesos de industrialización y urbanización
no habían eliminado la violencia política, Cornelius descubrió que
el caciquismo urbano no hacia uso de la aplicación de la
fuerza física de manera consistente y visible, tan característica
en los cacicazgos rurales anteriores. El cacique urbano se
basa menos en la fuerza física por estar bajo mayor escrutinio de
las autoridades gubernamentales y de la opinión pública, pero
sobretodo, por la disponibilidad de otros medios coercitivos, tales
como los recursos económicos y legales.
Este argumento parece tener cabida forzosa para el cacicazgo
universitario aquí en estudio. El rector dispone de amplios medios
con los que puede ejercer presión a fuerzas de oposición o
individuos disidentes y no duda en aplicarlos. Al mismo tiempo, la
BUAP tiene una larga trayectoria de violencia ordinaria (golpes,
secuestros, disturbios y asesinatos). En muchos casos esto se vinculó
a las relaciones conflictivas entre la universidad y el estado y
las elites de poder en Puebla, pero una buena parte de esta
violencia, incluyendo los homicidios, se ha generado por disputas
partidistas dentro de la misma universidad.
El análisis de la lucha entre el sindicato y José Doger demuestra
el uso de una amplia gama de tácticas que integraban un sistema de
‘represión administrativa’.
Doger y sus compinches no actuaban conforme a los acuerdos formales
cuando lo consideraban ventajoso políticamente. No pagaron las
cuotas mensuales del sindicato, como estaban obligados, ni tampoco
pagaron sus adeudos. Ellos pusieron todos los obstáculos posibles en
su maquinaria burocrática o apremiaron los asuntos de acuerdo a sus
intereses políticos. Cuando legalmente se requería de su presencia,
los representantes de la universidad con mucha frecuencia no se
presentaban a las reuniones en la JLCA. Tomaba meses para que se
agendara una nueva reunión. El tortuguismo administrativo hacia el
SUNTUAP permanecía obstaculizado en contraste con la eficiencia con
que se trataba a los otros sindicatos. El uso arbitrario de las leyes
laborales y administrativas arrastró al SUNTUAP a un laberinto legal
del cual las salidas eran constantemente modificadas. Como en esta
situación, Foweraker se percató de que en el caso del SNTE en los
80´s, estas formas de represión se hicieron efectivas cuando se
desarrollaron conjuntamente con órganos de gobierno (en el caso de
Puebla, la JLCA local, la Secretaría de Gobernación y eventualmente
Manuel Bartlett). Sin el evidente apoyo político y legal del
gobierno, Doger jamás hubiera sido capaz de montar un bloqueo
contundente al sindicato y cerrar todo espacio político y legal.
La arbitrariedad legal es una característica clave del moderno
cacique.
El tortuguismo administrativo selectivo y la chicanería legal se
complementaron con otras formas directas de intimidación. Durante el
referéndum para corroborar a los miembros del sindicato, la temida
abogada general de la universidad, otra vez conjuntamente con los
funcionarios de la JCA, inspeccionaron el proceso de votación, en
donde los trabajadores tenían que declarar en voz alta su nombre,
ocupación y el sindicato al que deseaban pertenecer. En otros casos
la sola presencia de un jefe de departamento significaba una
amenaza, principalmente para el trabajador administrativo. Un
instrumento ampliamente utilizado en contra de individuos
específicos fue el de las (actas de abandono de empleo). Unos
cuantos minutos antes de las vacaciones navideñas de 1996, la
Secretaria General del SUNTUAP, Lourdes Cano, recibió la visita de
los abogados de la universidad quienes le presentaron un acta de
abandono de empleo, alegando que ella había asistido a una
conferencia de prensa en horas de trabajo. Escogieron el momento
apropiado para evitar movilizaciones políticas inmediatas. Cuando
el Movimiento Sindical Poblano, una coalición de sindicatos que
peleaba por mayor libertad, protestó en contra del despido
arbitrario de Cano, la mayoría de los universitarios estaban de
vacaciones.
Aunque el movimiento en contra de Cano no fue exitoso, si lo fue en
los casos de otros trabajadores con menor poder político. Es más,
estas acciones fueron ampliamente conocidas en la comunidad y así
tuvieron sus efectos mas allá de casos individuales. Si todo esto
fallaba, la amenaza de una buena golpiza siempre estaba latente.
Un caso bastante conocido fue el destino que tuvo el Ingeniero
Químico Oscar Sánchez Daza, uno de varios hermanos, quien
ocasionalmente había participado activamente en la política
universitaria. Sánchez Daza había ocupado un puesto importante en
la administración anterior de Doger y jugó un papel muy importante
en los intentos de mediación tras los fieros conflictos que llevaron
a la deposición del rector Malpica en 1989. Desde entonces había
tenido fuertes diferencias con Doger. Antes de que Doger fuera electo
rector por primera vez, Doger declinó una oferta de colaborar con
él. Años mas tarde, Sánchez Daza públicamente hizo patente su
crítica al director de la Facultad de Ingeniería Química, un
aliado cercano a los Dogeristas. Desde entonces, Sánchez Daza fue
objeto de diferentes formas de intimidación hasta que fue despedido
en Octubre de 1995. Doger rechazó la aprobación de un convenio con
PEMEX en el que participarían Sánchez Daza y sus estudiantes.
Durante una sesión del Consejo Universitario en 1993, José Doger le
negó la palabra para hablar acerca de un conflicto político y
electoral en su facultad, argumentando que la gente no podía ‘poner
sus puntos personales o de grupo por delante de la vida de la
universidad’.
Este asunto muestra cómo su propio punto de vista y sus intereses
se fundían en una versión definitiva con la de los universitarios.
Este hecho simbólicamente ilustra el surgimiento del cacique José
Doger, quien gobernó sin objeciones y no toleró la crítica o el
contrapeso, ya sea en forma de sindicalismo independiente o a través
de la mentalidad crítica de individuos pertenecientes a la
comunidad universitaria. Más tarde Sánchez Daza advirtió:
Yo lo que digo, y lo dice mucha gente en la Universidad, es que se
implantó una política de terror. La gente tiene miedo de hablar, y
si de por si la gente era crítica, pero con muy poca argumentación,
ahora, quítale la oportunidad de hablar, estás desarmando el poco
sentido humanístico que pudiera tener una institución de educación
superior. Es atroz, lo que ha pasado en esta Universidad.
No es de extrañarse que José Doger haya terminado con un grupo
armado de guardaespaldas conocido como los pitufos, ‘golpeadores’
que representan un gobierno caracterizado por la amenaza diagnóstica
y la práctica de la violencia.
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